«La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo» (Abraham Lincoln)

     La desgracia de una sociedad que se creía libre y avanzada comienza a evidenciarse cuando sus estructuras, es decir, sus instituciones, organismos, colectivos, … se ven minadas, carcomidas, colonizadas, por una casta gobernante absolutamente ideologizada y cada vez más alejada de los valores democráticos. Lo que en tiempos pasados pudo haberse considerado una deriva autoritaria de excepción, hoy parece haberse institucionalizado, haciendo de la desvergüenza, la tiranía y por supuesto la corrupción características permanentes del poder.

     La creciente y trágica brecha entre la clase dirigente y sus ciudadanos no es solo un problema de distancia política o de desconexión, incluso de interpretación. Es una herida profunda que atenta contra la dignidad de las personas, especialmente cuando los responsables del bienestar colectivo se convierten en los principales actores de la corrupción moral, la manipulación de la verdad y la renuncia al servicio, consecuencia del juramento que en su día hicieron, a los auténticos soberanos.

     El insulto no termina en la arrogancia de quienes ignoran las exigencias de justicia social. Va más allá, tocando fibras sensibles de la memoria colectiva y el respeto por las víctimas, por ejemplo. Decisiones recientes, tomadas con un descaro que hiere, tanto por la forma como por el fondo, parecen intentar borrar el sufrimiento de aquellos que perecieron asesinados a manos de la violencia terrorista, blanqueando a los victimarios -lean el BOE de hoy mismo- y reescribiendo la historia para sus propios fines que no son otros que los de perpetuarse en el poder.

     No se trata sólo de políticas erradas o de medidas inadecuadas, sino de una clara voluntad de imponer una narrativa que beneficia únicamente a los de arriba. A través de subterfugios y acciones ocultas, el poder busca legitimar lo ilegítimo, pretendiendo que la sociedad acepte como normal lo que claramente ofende sus valores más fundamentales denigrando y humillando su condición de individuos de una sociedad justa e igualitaria.

     La desconexión es clara: las decisiones que afectan a la colectividad son tomadas a espaldas del pueblo, ignorando su sufrimiento y ultrajando su memoria. Mientras tanto, la clase gobernante no parece tener reparo -de hecho no lo tiene- en seguir adelante, blanqueando a los asesinos y presentándolos como figuras dignas de redención, todo ello en una jugada que destruye no solo la justicia, sino también la dignidad de los vivos y la memoria de los muertos.

     Si esta deriva no se detiene de inmediato, la democracia misma estará en peligro, particularmente creo que ya lo está. No se trata solo de una brecha entre gobernantes y ciudadanos, sino de un abismo que amenaza con destruir los pilares de la libertad, la justicia y la igualdad. Los responsables de esta traición a la confianza pública no son simples políticos incompetentes: son arquitectos de una descomposición sistemática y premeditada que erosiona la voluntad popular, deshonra a las víctimas y destruye el contrato social. La ciudadanía ni puede ni debe permanecer en silencio mientras estos malvivientes del poder podridos de odio, aferrados a sus privilegios, transforman la democracia en una farsa autoritaria. La resistencia debe ser clara, firme, y decidida, porque lo que está en juego no es ni más ni menos que el futuro de la nación con tal y la dignidad de sus gentes. Si permitimos que estos actos de desvergüenza prevalezcan, habremos perdido más que nuestras instituciones: habremos perdido nuestra esencia como pueblo libre y democrático.

Juan A. Pellicer

Sursum Corda (Arriba los corazones)